Los denunciados, todos mayores de edad, conocían a la víctima. La Policía señala que examen médico legal arrojó resultados positivos para agresión sexual. Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva. Defensoría del Pueblo exige una “investigación prolija, oportuna y con enfoque de género”.
El movimiento Manuela Ramos alerta de que lo ocurrido el lunes en Surco no es un hecho aislado. Es el cuarto caso de violación grupal que se reporta en menos de un mes en el país, y merece toda la atención de las autoridades.
Los denunciados esta vez son cinco estudiantes: Sebastián Zevallos Sanguinetti, Diego Arroyo Elías, José Arequipeño Vizcarra, Manuel Vela Farje y Andrés Fasardi San Sebastián.
El hecho ocurrió en una vivienda de la cuadra 5 de la avenida Enrique León
Según el coronel PNP Jhonny Rolando, jefe de la División Policial Sur 2, la denunciante, una joven de 21 años, refirió que llegó al lugar con dos amigas, pero que alrededor de las 10 p.m. ellas se fueron, por lo que se quedó con los cinco sujetos, quienes eran sus conocidos.
Una vez que la joven pudo salir de la vivienda, fue a denunciar el hecho a la comisaría de Chacarilla del Estanque en compañía de sus padres. »Acepta que son sus amigos. Lo que no acepta es que haya autorizado que tengan relaciones con ella», señaló el oficial.
El coronel sostuvo que ni bien se conoció el caso, la policía fue »domicilio por domicilio» a buscar a los denunciados.
Los cinco implicados reconocieron que hubo contacto sexual, pero alegaron que fue consentido; no obstante, la propia PNP informó que si bien no hay signos de agresión física, »en el examen médico legal sí hay resultados positivos para ataque sexual».
En tanto, el Ministerio Público, luego de recibir los resultados de los exámenes, así como los testimonios de los acusados, solicitó 9 meses de prisión preventiva para los cinco, según informó RPP. La audiencia se llevaría a cabo esta semana por medio de una teleconferencia.
En esa línea, fuentes de La República pudieron conocer que la madre de la víctima será quien lleve la defensa legal de la joven, que actualmente cuenta con atención psicológica particular.
No a la revictimización
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, recordó que en nuestra legislación existe un acuerdo del 2011, el cual establece que la declaración de la víctima es una prueba fundamental. »Esta tiene que ser corroborada con las pruebas periciales, entonces, acá hay varios elementos para poder configurar el delito de violación sexual. Nosotros estaremos atentos a la calificación de la Fiscalía».
Asimismo, manifestó que el hecho de que los acusados hayan consumido alcohol o drogas en el lugar, como se ha informado, no es una circunstancia atenuante. »El estar ebrio o drogado va a llevar a que cometan estos actos, porque en el fondo hay desprecio por la mujer. No la están viendo como ser humano. Es el ejercicio de poder absoluto sobre ella».
Revollar precisó que el Ministerio Público debe realizar una »investigación prolija, oportuna y con enfoque de género». Esto incluye no revictimizar a la joven. »En el acuerdo plenario del 2011, el Poder Judicial habla de que las víctimas de violación sexual deben tener una única declaración».
La adjunta también hizo énfasis en que la violación sexual, al ser un acto punible, »merece una persecución penal, pero también dar el ejemplo a la sociedad porque esa es la finalidad de la política criminal preventiva». Y añadió que el no actuar sobre el delito podría »generalizar la idea de que a las mujeres se les puede hacer lo que sea».
Revollar recordó el caso de La Manada, que ocurrió en España, cuando cinco hombres violaron a una joven durante las fiestas de San Fermín. Precisamente, la adjunta mencionó que los agresores sexuales, tal como ocurrió en el 2016 en Navarra, y se repite en los casos de los últimos días, suelen decir que hubo consentimiento.
La violencia contra la mujer en el Perú
Lisbeth Guillén, abogada y vocera de Manuela Ramos, señala que las violaciones grupales »nos muestran una vez más la violencia contra las mujeres en nuestro país y en la emergencia sanitaria». Ella demanda que se aplique el »protocolo de atención conjunta MIMP-Minsa y la Norma Técnica de Salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual»; es decir, la entrega oportuna del kit de emergencia y que se le realicen los exámenes médicos y legista sin revictimizar a la denunciante, y con la debida diligencia. Agrega que se debe garantizar a las víctimas el acceso a la justicia para sancionar a los agresores.
Reacciones
Eliana Revollar Defensoría del Pueblo
“El estar ebrio o drogado va a llevar a que cometan estos actos, porque en el fondo hay un desprecio por la mujer. No la están viendo como ser humano. Es el ejercicio de poder absoluto sobre ella”.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
“Nuestro equipo del Centro Emergencia Mujer está presto para apoyar a la víctima de presunta violación sexual y a su familia, si así lo requieren. Rechazamos este tipo de actos que vulneran los derechos de las mujeres”.