Más de 270.000 peruanas fueron sometidas a estas operaciones sin su consentimiento durante los años de 1996 al 2000, la mayoría eran mujeres indígenas o de bajos recursos. Otras entidades calculan cifras superiores. Foto: La República
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno fujimorista serán beneficiadas gracias a una modificación del Plan Integral de Reparaciones.
El Estado indemnizará a las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori tras incluirlas en el plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
Este logro fue posible debido a la modificación de la Ley del Plan Integral de Reparaciones, promovida por la excongresista Tania Pariona en conjunto con la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
La modificación detalla que las indemnizaciones estatales también benefician a las víctimas de “cualquier tipo de violencia sexual”, por lo que se incluye a las mujeres sometidas sin su consentimiento a una ligadura de trompas en el denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Los datos de dicho programa demuestran más de 270.000 esterilizaciones realizadas a peruanas entre 1996 y 2000. La mayoría se trata de mujeres indígenas o de bajos recursos que fueron estirilizadas de forma forzosa.
Aunque otras entidades calculan cifras superiores de mujeres perjudicadas, hasta el momento figuran 8.000 en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2016.
“La Ley 31119 modifica el articulo 3 y 6 de la Ley del Plan Integral de Reparaciones para incluir ‘todo tipo de violencia sexual’, por lo tanto, se entiende que se incluyen a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Existe un Reviesfo. ¡Ahora es ley!”, compartió la congresista Rocío Silva-Santisteban en su cuenta de Twitter.
De las víctimas contempladas en el registro, 2.074 presentaron sus denuncias de manera formal durante el proceso penal contra el expresidente Fujimori, asimismo, le exigen al ministro de Justicia, Eduardo Vega, que adopte de inmediato las medidas para empezar con las indemnizaciones.
En tanto, el próximo 1 de marzo un juez determinará si se le abre proceso penal atres ministros de Salud del régimen fujimorista, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, así como a exfuncionarios de la carterapor el mismo caso.